La investigación, encargada por la Fundación San Martín de los Andes a las investigadoras Noemí Valentino y Ana María Manceda junto al arqueólogo Diego Chammah, no se basó en una sola carta encontrada por casualidad. Según reconstruyó en su momento el diario Río Negro, tras la compra del lote documental aprobada por el Concejo local, el material completo (36 documentos, dos mapas, fotografías y un libro personal) pasó por un proceso de autenticación que combinó dos frentes distintos: por un lado, verificar la veracidad física de cada pieza analizando las características del papel, las caligrafías y las tintas; por otro, reconstruir el contenido histórico que esos documentos describían. El trabajo se extendió entre diciembre de 2002 y abril de 2003.
Es, en esencia, el mismo tipo de escrutinio que aplica cualquier laboratorio de conservación documental o peritaje caligráfico: antes de creerle a un papel lo que dice, hay que confirmar que ese papel es lo que dice ser. Un documento histórico puede estar mal fechado, ser una copia posterior hecha pasar por original, o directamente una falsificación, y solo un análisis material (composición de la tinta, tipo de papel, trazo de la escritura comparado con otros documentos de la misma persona) permite descartar esas posibilidades antes de construir una narrativa histórica sobre esa base.
El acta de 1910 que nadie había vuelto a mirar
Entre las piezas más reveladoras del lote apareció un acta de 1910: un grupo de vecinos de la villa había conformado una comisión de festejos y, en ese contexto, eligió como presidente honorario al propio Celestino Pérez, identificado explícitamente como “el fundador”. Los mismos vecinos mandaron grabar una medalla conmemorativa con una inscripción que no dejaba margen para la ambigüedad: “El pueblo de San Martín de los Andes a su fundador, coronel Celestino Pérez; 4 de febrero de 1898, 25 de mayo de 1910”.
Ese tipo de hallazgo es valioso en la reconstrucción histórica precisamente porque no depende de una sola fuente: un acta firmada por vecinos identificables, contemporánea a los hechos y con una función social concreta (organizar un homenaje), funciona como un testimonio mucho más sólido que un relato transmitido de boca en boca durante generaciones, que es, en definitiva, el mecanismo por el cual la atribución errónea a Rudecindo Roca terminó consolidándose como versión oficial.
Por qué la versión equivocada se sostuvo tanto tiempo
Roca sí tuvo un rol real en la historia: como responsable de la División de los Andes, dio la orden de fundar un poblado en esa zona de la cordillera, dentro de una estrategia más amplia para afirmar presencia argentina en la franja fronteriza con Chile. Pero según establece la investigación, el propio Roca se encontraba a unos 80 kilómetros del lugar el día de la fundación, el 4 de febrero de 1898. Quien efectivamente ejecutó la orden, colocó la piedra basal y presidió el acto fundacional fue Celestino Pérez, el militar de origen uruguayo que la memoria colectiva terminó relegando a un papel secundario.
La propia Fundación San Martín de los Andes reconoció que la reconstrucción de esos hechos conserva zonas grises: hay más especulación que certeza absoluta sobre por qué, exactamente, la figura de Pérez quedó relegada en el relato fundacional mientras la del general que dio la orden terminó ocupando ese lugar en la memoria pública. Lo que sí quedó establecido con solidez documental es quién estuvo físicamente presente y a cargo del acto del 4 de febrero de 1898.
Un problema que va más allá de un pueblo patagónico
El caso de San Martín de los Andes ilustra un patrón que se repite en la historia de fundaciones y hechos fundacionales de todo el mundo: la persona que da la orden y la persona que la ejecuta materialmente no siempre son la misma, y cuando el registro documental es escaso o se pierde, la memoria colectiva tiende a quedarse con el nombre más prestigioso o más conocido, no necesariamente con el que corresponde según la evidencia. Es el mismo mecanismo, a otra escala, que llevó durante décadas a atribuirle el hallazgo del llamado “Tesoro de Príamo” en Troya a una datación equivocada, hasta que la evidencia estratigráfica obligó a corregir el relato.
La diferencia central es la naturaleza de la evidencia disponible: mientras que en sitios arqueológicos la corrección suele apoyarse en estratigrafía y dataciones físicas del terreno, en casos como el de San Martín de los Andes el trabajo recae sobre documentos de papel, frágiles, dispersos entre manos privadas durante más de un siglo, y con una ventana de tiempo limitada antes de que el propio soporte material se deteriore hasta volverse ilegible.
